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Claves del nuevo Código del Proceso Penal uruguayo

Actualizado: 19 de oct de 2020

El nuevo Código del Proceso Penal uruguayo implementa una serie de cambios, como ser la resolución alternativa de los conflictos en materia penal, medidas sustitutivas a la cárcel, procesos abreviados y límites a la prisión preventiva, además de acelerar el proceso en general.




Su aprobación supuso la adopción del sistema penal acusatorio, caracterizado por ceder mayor protagonismo a las víctimas de hechos delictivos, según resaltó la Fiscalía uruguaya, si bien también otorga nuevos derechos para los acusados de un delito.

Ver: Abogado penal en Uruguay: si estás en problemas, sigue leyendo…

Modificaciones del nuevo Código del Proceso Penal uruguayo 

El nuevo CPP contiene las garantías procesales de todo imputado, las cuales deben respetarse a rajatabla con cualquier ciudadano acusado de un delito durante el proceso penal, es decir antes, durante y después de un juicio.

A modo de ejemplo, se consagran estas y otras tantas facultades:

  • El derecho de todo imputado a ser defendido por un abogado.

  • No ser tratado como culpable, hasta que no se imponga una sentencia judicial.

  • La prohibición de ser investigado más de una vez por un mismo delito por el cual ya se haya sido sentenciado. 

  • Si una persona a la cual los medios de comunicación atribuyeron un acto delictivo resulta al final inocente, tiene el derecho de ordenar una publicación de su absolución o hasta una rectificación pública. 

A continuación, solo algunos de los cambios introducidos por el nuevo Código del Proceso Penal uruguayo.

Medidas alternativas a la cárcel 

Para ciertos casos, se contempla la posibilidad de llevar a cabo una mediación o conciliación entre las partes, en reemplazo a la pena de prisión.  

Si las conductas con apariencia delictivas no son consideradas de gravedad, la Fiscalía «puede derivar el caso a formas extraprocesales», indica el artículo 382.

En tal escenario, las partes pueden resolver el conflicto mediante «un acuerdo reparatorio material o simbólico a través de mediación o conciliación». 

El nuevo CPP abre una instancia legal para que víctima y victimario puedan acordar una compensación económica u otras acciones alternativas a la privación de libertad.

Además de acuerdos entre partes, se imponen una serie de condiciones que resultan en otros beneficios procesales para el acusado. Por ejemplo, si se somete a un régimen de visitas y cumple la orden de no acercarse a la víctima, la causa podría archivarse.

Otras medidas alternativas a la prisión incluyen:

  • Realizar actividades en beneficio de la comunidad.

  • Cumplir con cursos de capacitación.

  • Someterse a tratamientos médicos o psicológicos.

  • Comprometerse a terminar el ciclo de educación básica.

  • No manejar el coche por un tiempo.

  • Colaborar en la recuperación de las víctimas de delitos.

  • Etc.


Proceso abreviado

El fiscal puede acordar con el imputado la aplicación del proceso abreviado para aquellos hechos delictivos cuya pena mínima sea no mayor a 6 años

Si el acusado acepta los hechos, esto puede ser tomado en cuenta por la Fiscalía a la hora de solicitar la pena, “pudiendo disminuir la solicitud hasta en una tercera parte de aquella aplicable al caso concreto”. 

Juicios orales y con público

Desde que el nuevo código entró en vigencia, el sistema pasa a ser de carácter oral, público, acusatorio y adversarial.

Esto implica, entre otras cosas, que las audiencias son orales y pueden realizarse con la presencia de público.

No se elimina la presentación de escritos, sino que los documentos jurídicos redactados por abogados, así como los medios de prueba escritos, deben presentarse en forma oral en el marco de la audiencia, con la presencia necesaria del juez y las partes involucradas. 

Salvo en determinadas excepciones, el público que quiera asistir a la sala de juicio puede hacerlo. Las puertas también están abiertas para los medios de comunicación.

Cambio de roles 

La Fiscalía General de la Nación pasa a tener un papel protagónico en el proceso penal, mientras que el juez se convierte en un actor independiente e imparcial frente a las partes.

Una de las implicancias del sistema penal acusatorio es, justamente, la separación de las funciones de acusar y juzgar. Ahora las indagatorias del delito son realizadas por la Fiscalía  y no por el juez. 

Durante un proceso penal, la relación se establece entre la defensa y la fiscalía. El juez, por su parte, debe tomar una resolución, considerando los argumentos de fiscales y defensores.

Tanto la dirección de la investigación de delitos y faltas, así como su persecución penal, están a cargo de la Fiscalía General de la Nación, único órgano responsable de iniciar actividades procesales, aplicar mecanismos de protección para testigos y víctimas, dirigir las actuaciones de la policía e imponer medidas de seguridad, como ser la prisión preventiva.

Prisión preventiva

Si hay semiplena prueba, es decir indicios suficientes de la existencia del hecho y de la participación del imputado, sospechas de posibles fugas o cuando la víctima corre peligro, entre otras situaciones, el fiscal puede ordenar la prisión preventiva. 

No se aplica en casos de faltas, imputados sancionados con pena pecuniaria o si se considera solicitar pena alternativa a la prisión. 

Para algunos delitos, también se contempla la sustitución de la prisión preventiva por alguna de las medidas de coerción previstas en el artículo 221, como ser:

  • Someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada.

  • La obligación de asistir en modo periódico ante el juez.

  • La prohibición de salir del país sin autorización previa

  • Retirarse del domicilio si hay hechos de violencia doméstica

  • Etc.


¿Desde cuándo rige el nuevo Código del Proceso Penal uruguayo? 

Aprobado en 2014, el nuevo Código del Proceso Penal uruguayo entró en vigor a partir del 1º de noviembre de 2017.

Su contenido se basa en un anteproyecto del año 2009, presentado al Parlamento en 2010 con algunas modificaciones al texto original.

Lejos de ser una invención uruguaya, el nuevo CPP se enmarca en un cambio de paradigma en la orientación del proceso penal, adoptado en diferentes países del mundo bajo la influencia de los sistemas jurídicos de los EE. UU., Alemania o España, que se consolidó en América Latina desde inicios de los 90′. 

Hoy el sistema penal acusatorio atraviesa los marcos legales de Brasil, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, México, Venezuela, Honduras y otros países de la región.

¿Qué es el Código del Proceso Penal?

El código del proceso penal comprende los procedimientos jurídicos que deben seguirse para la aplicación de una ley penal a un caso en particular. 

Se trata del marco normativo que regula el juicio y otras fases del proceso penal, a diferencia del Código Penal, que establece los castigos previstos.

Garantiza mecanismos de protección para la víctima y otros varios derechos, además de reunir una serie de principios y reglas sobre cómo debe procederse con el acusado. 

Es decir, las garantías del debido proceso, el derecho de todo ciudadano imputado de ser escuchado, defendido por un abogado y considerado inocente, hasta que se demuestre lo contrario.

Ver: Femicidio en Uruguay – ¿Cómo puede ayudar un abogado penal?

Fuentes:

CPP – IMPO.com.uy

Antecedentes y marco normativo del nuevo Código del Proceso Penal – Observatorio Justicia y Legislación – Facultad de Derecho – Universidad de la República

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